Arquitectura y derechos humanos en el sistema penal juvenil

El pasado miércoles 2 de agosto se llevó a cabo la presentación de la publicación “Adolescentes, seguridad y derechos humanos. Arquitectura para la gestión de un nuevo sistema socio educativo”. El CDNU, representado por Mauro Tomasini, fue invitado a exponer junto a representantes de distintas entidades involucradas.

A tres años de la promocionada inauguración del Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD), el arquitecto Daniel Castro, director del Departamento de Arquitectura del Inisa, no tiene reparo en afirmar que el centro es de características “inhumanas”. En la conferencia el funcionario reconoció que, cuando asumió, se encontró “con una situación que no era arrancar de cero sino arrancar de menos 10”. Y sostuvo: “Gestionar la infraestructura de lo que hoy es el Inisa diríamos que es prácticamente imposible. Si nosotros hacemos esa construcción en cualquier lugar de la ciudad, no lo habilita la Intendencia”*1.

En el mismo sentido, el arquitecto argentino Pablo Sztulwark, quién también fue invitado a exponer en la conferencia, tras una visita al Ciedd comparó la situación de los adolescentes encerrados allí con “el infierno”. El arquitecto opinó que el diseño del lugar no responde a una “cuestión de maldad” sino a “una manera de pensar el mundo”. “Mientras la cárcel sea un espacio punitivo, lo único necesario es que se pueda controlar el castigo. Lo que vi es un lugar donde se reduce a las personas a un nivel animal, y toda la organización del espacio consiste en el control del castigo. Si la cárcel fuera un lugar de reinserción, de construcción de los lazos sociales que esos chicos no tienen, o que son frágiles o vulnerables, tendría otra configuración espacial, e intentaría reforzar o construir ese lazo”, consideró*2.

A estas declaraciones se suman las de Paolo Mefalopulos, representante de Unicef en Uruguay, quién admitió que la primera vez que visitó el Ciedd sintió “vergüenza”. “Los edificios del sistema carcelario de adolescentes no solo presentan falta de mantenimiento, también problemas estructurales de concepción. Claro ejemplo de eso es el diseño del Ciedd. Tengo que decir que cuando fui allá la primera vez, salí y me daba casi vergüenza por no poder hacer nada”, contó. Y agregó: “La visión que tengo de ese lugar es como una granja de pollos. Niños encerrados por 23 horas en celdas de dos por dos, sin luz, sin ventana… Un país tan progresista como Uruguay no se merece tener centros de este tipo”*3.

Cabe recordar las declaraciones del Rubén Villaverde (ex director del SIRPA hoy INISA), quien impulsó e inauguró este centro entre otros de similares caracterísiticas. Dijo Villaverde  entonces que el CIEDD suponía “un trabajo hacia los jóvenes durante su cautela de  una forma integrada, participativa, abordando la adquisición de hábitos, la tolerancia, el trabajo en grupo y participativo, se trata de crear espacios para la reflexión y el pensamiento sobre las circunstancias que motivaron su ingreso, y además cómo y con qué herramientas se propone revertirlas”.

Nada más alejado de esas declaraciones es la realidad de los adolescentes que se encuentran confinados en ese establecimiento, así como en el resto de las cárceles que componen el sistema de privación de libertad de adolescentes en Uruguay. (Ver nota publicada en la web de INAU, por la inauguración del CIEDD)

El CDNU advirtió en ese entonces que no se estaba ante un avance, sino ante un retroceso para la ya grave situación de los derechos de los adolescentes que ingresan al sistema de privación de libertad. La lógica de control, encierro, aislamiento y castigo es la norma imperante desde la concepción edilicia del centro, el cual no permite el cumplimiento de ninguna de las promesas de “conviviencia” e “integración” de los adolescentes confinados.

Es necesario repensar los mecanismos de atención de la situación de los y las adolescentes en conflicto con la ley desde una lógica de derechos, donde primen las medidas alternativas al encierro y aislamiento, (las cuales en la práctica han sido comprobadas como más efectivas que las no privativas de libertad), Estas medidas alternativas deben ser impulsadas e implementadas efectivamente. Las políticas y prácticas deben estar acorde a las normativas nacionales e internacionales a las que el Uruguay ha adherido y ratificado en su jurisprudencia.

Penas alternativas a la privación de libertad

Los distintos organismos internacionales dedicados a velar por el respeto de los derechos humanos apuntan a privilegiar en los menores de 18 años las medidas no privativas de la libertad. En 2015 en Uruguay se creó la Comisión Asesora Intergubernamental del Inisa. La presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, declaró que esta comisión se puso como objetivo de trabajo la implementación de medidas no privativas entre los adolescentes infractores. Según Fulco, hoy no llegan a 100 los jóvenes beneficiados por este régimen. Se calcula que de los 500 jóvenes que se encuentran privados de libertad, al menos 250 podrían pasar a cumplir medidas no privativas, también llamadas socioeducativas. Los jóvenes candidatos son aquellos que o bien han cumplido la mitad de la condena, o han hecho un buen proceso y se les podría realizar un seguimiento en libertad*4.

*1,2,3,4: Basado en artículo de Magdalena Perandones, publicada en El País el 05/08/ 2017