Comunicado de prensa por muerte de adolescente privado de libertad

Ante los hechos de pública notoriedad donde resultara muerto un adolescente privado de libertad en un hogar del INAU en la ciudad de Treinta y Tres, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay expresa su preocupación lamentando el hecho y exhortando a las autoridades competentes a investigar, informar y esclarecer las circunstancias en que este hecho ocurrió, a efectos de determinar las responsabilidades y sanciones  que correspondan.

Las personas privadas de libertad están bajo la custodia del Estado, quién debe garantizar la vida y el respeto de los derechos humanos, correspondiendo disponer las medidas tendientes a garantizar su integridad personal en condiciones dignas.

Constituye obligación del Estado investigar estos lamentables sucesos y adoptar todas las medidas tendientes a su esclarecimiento y la asunción de las responsabilidades que correspondan, así como también las medidas correctivas pertinentes, a los efectos de prevenir otros hechos similares.

Por otra parte, el alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en centros de protección, es un hecho que no debe ocurrir, por ser establecimientos que no cuentan con los espacios físicos ni el personal técnico idóneo para atender estas circunstancias. Es necesario y urgente que se tomen medidas para que no se realicen derivaciones bajo estas circunstancias de manera tal de preservar las condiciones que los sujetos privados de libertad ameritan.

En ese sentido el Comité de los  Derechos del Niño del Uruguay exhorta al Estado uruguayo, la inmediata derogación de la Ley 19.055 y el apego a la plena vigencia de los tratados internacionales ratificados por el país, especialmente los artículos 37 al 40 de la Convención de los Derechos del Niño donde se estable que la privación de la libertad deberá ser el último recurso y que cuando se disponga, lo sea por el menor tiempo posible.

A los efectos, la implementación de políticas públicas orientadas a la prevención y programas de medidas no privativas de la libertad con alcance territorial, continúan siendo un debe  para trabajar estos conflictos con los adolescentes por la infracción cometida y brindarle herramientas que garanticen su efectiva reintegración social.

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